Educación inclusiva en la LOMLOE: ¿el fin de la segregación o una utopía incumplida?

A raíz de la clase acerca de la LOMLOE, me pareció interesante analizar con más profundidad una de las cuestiones clave de esta ley educativa: equidad y lucha contra la segregación y su efectividad (o no). 

«l) El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres a través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia de género, así como el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa.» 

La LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE) se ha presentado como una reforma que busca garantizar una educación equitativa y combatir la segregación escolar, un problema que en España ha sido señalado por múltiples informes. Se han introducido medidas como la limitación de la capacidad de selección de los centros concertados, el refuerzo de la educación pública, la reorganización de la admisión del alumnado y el cese de la concesión de fondos públicos a las escuelas que separan por sexo. 

Pero, ¿hasta qué punto esta reforma representa un cambio real y no solo un ajuste normativo? ¿Son suficientes estas medidas para hacer realidad una educación verdaderamente inclusiva?

Para entender el impacto real de la LOMLOE, es necesario analizar primero el problema de la segregación escolar en España.

España arrastra un grave problema de segregación escolar, lo que significa que el acceso a la educación no es igual para todos. Ello lo podemos ver en la concentración de ciertos perfiles de alumnado en determinados centros, en función de su nivel socioeconómico, origen o necesidades educativas.

Un informe realizado por Save the Children destaca que España es uno de los países con mayor índice de segregación escolar de la OCDE, solo por detrás de Turquía y Lituania, con una diferencia ultrajante en los recursos y oportunidades según el tipo de centro educativo al que vayas.

Otros estudios, como el estudio de EsadeEcPol indica que el 40% del alumnado en situación de pobreza está concentrado en solo el 10% de los centros educativos; esta concentración en unos pocos centros genera "guetificación escolar", ya que estos colegios acumulan más dificultades económicas, menor diversidad social, peores recursos y, con el tiempo, adquieren una reputación que ahuyenta a las familias con más opciones, perpetuando la desigualdad educativa. 

El problema se agrava con la existencia de mecanismos de admisión que favorecen la separación del alumnado. Por ejemplo, en los centros privados y concertados pueden aplicar criterios de admisión que, en la práctica, limitan el acceso del alumnado con menos recursos o con necesidades educativas especiales, mediante cuotas económicas, entrevistas o la exigencia de ciertos requisitos. 

Y es que la segregación no solo es socioeconómica, sino también funcional. Los estudiantes con necesidades educativas especiales o discapacidad  en muchos casos son relegados a centros de educación especial o a aulas específicas dentro de los centros ordinarios.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU insiste en que debemos avanzar hacia un modelo educativo plenamente inclusivo, eliminando la segregación de alumnos con discapacidad.

Ante este escenario, la LOMLOE se presenta como una reforma que busca reducir la segregación y garantizar el derecho a una educación inclusiva. En su preámbulo, la ley señala que uno de sus objetivos es “garantizar una educación de calidad para todo el alumnado, con especial atención a aquellos que enfrentan más dificultades”.

Algunos de los artículos más relevantes en este sentido son:

• Artículo 71: Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, [...] y puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales.

• Artículo 72: Las Administraciones educativas podrán colaborar con otras Administraciones o entidades públicas o privadas, instituciones o asociaciones, para facilitar la escolarización, una mejor incorporación de este alumnado al centro educativo, la promoción del éxito educativo y la prevención del abandono escolar temprano

• Artículo 74: Corresponde a las Administraciones educativas favorecer que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda continuar su escolarización de manera adecuada en todos los niveles educativos pre y postobligatorios.

• Disposición adicional cuarta: El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Sobre el papel, estos cambios suponen un avance importante, pues la LOMLOE reconoce el derecho de todos los alumnos de recibir una educación inclusiva y refuerza la obligación del sistema educativo de adaptarse a las necesidades del alumnado, en lugar de que sean los alumnos quienes deban adaptarse.

A pesar de estas medidas, todavía no sabemos con certeza cómo se están traduciendo en la práctica y se enfrenta todavía a algunos desafíos como la falta de recursos, pues para conseguir una inclusión real y efectiva se necesitan más docentes especializados, materiales adaptados y una infraestructura adecuada. O como la resistencia al cambio, por ejemplo, algunas familias y profesores temen que el traslado de sus hijos con discapacidad a centros ordinarios se haga sin garantías suficientes, pudiendo afectar a la calidad de la educación. 

En mi opinión creo que la educación inclusiva no debería ser vista como una utopía inalcanzable, sino como un objetivo hacia el cual debemos avanzar. Si realmente queremos construir un sistema educativo sin exclusión, no basta con cambiar las leyes. Hace falta compromiso educativo y político que haga real la inclusión y no solo en la ley.

La educación inclusiva no es un privilegio, es un derecho fundamental y una condición necesaria para contribuir a una sociedad más justa. 

Para conseguir un cambio real necesitamos más inversión en educación inclusiva y pública, para garantizar personal, medios y recursos suficientes y adecuados. Necesitamos que todos los profesores estén preparados para atender la diversidad en el aula. Necesitamos un compromiso real de las administraciones, un seguimiento efectivo de las medidas de inclusión. 

Garantizarlo no es un sueño utópico, sino una necesidad.

¿Vosotr@s que pensáis? ¿Habéis vivido o visto la segregación escolar en alguna etapa de vuestra escolarización?

Muchas gracias por llegar hasta aquí. ¡Os leo!